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Proponen mayor transparencia en administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados

La diputada Perla Xóchitl García Silva propuso reformar la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado, con el objeto de transparentar la administración de estos bienes que, por haber sido asegurados con motivo del procedimiento penal, quedan en espera de la declaración legal que disponga su destino, así como aquellos que han sido declarados abandonados o decomisados hasta su entrega física correspondiente.

En la propuesta que se turnó a la Comisión de Hacienda para su análisis y dictaminación, también se establece que la autoridad administrativa integrará una base de datos con el registro de los bienes asegurados, abandonados o decomisados, que podrá ser consultada por el juez, la fiscalía, las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, así como por las personas que lo soliciten.

La diputada de Morena expuso que en los últimos años han sido pocos los gobiernos que han sustentado -con hechos- su convicción de que la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción deben ser una realidad y no sólo un buen argumento discursivo para diferenciarse de gobiernos antecesores.

En ese sentido, refiere que la relevancia de la transparencia gubernamental radica en la vinculación entre los ciudadanos y la autoridad en el ejercicio de rendición de cuentas, con el propósito de disminuir los niveles de corrupción y recuperar la confianza en las instituciones.

Señaló que actualmente la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados del Estado de Guerrero incurre en una ambigüedad, al señalar que sólo se podrá proporcionar información a quien acredite tener interés jurídico para ello, y no a quien lo solicite.

Por lo anterior expuesto, García Silva manifestó que con esta iniciativa se busca mayores beneficios en la atención ciudadana, pues se conforma un ambiente de confianza, reconocimiento y apropiación de las acciones, al reducir la discrecionalidad y evitar los actos de corrupción.