DIPUTADA IMPULSA REFORMA PARA RECONOCER LA VIOLENCIA CONTRA LA LIBERTAD REPRODUCTIVA EN GUERRERO
Chilpancingo, Gro., 16 de marzo de 2026.– La diputada Claudia Sierra Pérez (Morena) presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, con el propósito de incorporar y reconocer la violencia contra la libertad reproductiva como una modalidad específica de violencia de género, fortaleciendo así la protección de los derechos de las mujeres y garantizando su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo y su función reproductiva.
Al exponer la propuesta, la legisladora señaló que la igualdad sustantiva no puede alcanzarse plenamente sin el reconocimiento efectivo del derecho de las mujeres a decidir de manera libre, informada y responsable sobre el número y espaciamiento de sus hijos, el acceso a métodos anticonceptivos o a servicios de reproducción asistida, así como el ejercicio de una maternidad segura cuando así lo determinen.
La iniciativa plantea definir la violencia contra la libertad reproductiva como toda acción u omisión que limite o impida a las mujeres decidir libremente sobre su función reproductiva. Esto incluye prácticas como la imposición de métodos anticonceptivos, la esterilización sin consentimiento informado, la negación injustificada de servicios de salud sexual y reproductiva o la obstaculización del acceso a procesos de inseminación artificial.
Asimismo, propone establecer parámetros claros que permitan a las autoridades prevenir, atender y sancionar este tipo de violencia, además de fortalecer la capacitación del personal de salud y de las instituciones encargadas de atender a las víctimas, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Claudia Sierra destacó que reconocer jurídicamente esta modalidad de violencia permitirá visibilizar una problemática que afecta a numerosas mujeres, especialmente a quienes viven en condiciones de pobreza, en zonas rurales o pertenecen a comunidades indígenas, donde las barreras para acceder a información y servicios de salud suelen ser mayores.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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