Impone Gobierno de Acapulco legalidad ante violaciones en construcción de un local sobre vía pública
Acapulco, Gro., 06 de mayo de 2026.- Sobre la controversia generada con particulares que exigen autorización para operar un negocio que invade zona de restricción frente a Plaza Embarcadero, el Gobierno de Acapulco aclaró este miércoles que incurrieron en violaciones normativas al no contar con licencia de construcción, edificar sobre la vía pública y violar sellos de clausura, además de haber incurrido en presunta falsificación de documentos oficiales.
El secretario técnico de Presidencia, José Juan Ayala Villaseñor, expuso sobre la controversia jurídica del inmueble construido irregularmente en área peatonal de la avenida costera Miguel Alemán, junto al Centro Comercial Oceanic 2000 que se ubica en el fraccionamiento Costa Azul, que existe un juicio interpuesto por los quejosos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y una demanda de amparo promovida ante un juzgado federal, los cuales —sostuvo el funcionario— van a perder porque no tienen razón.
En conferencia de prensa, señaló que la administración encabezada por la presidenta Abelina López Rodríguez mantiene como principio la promoción del desarrollo económico del puerto en coordinación con el sector empresarial, sin que ello implique excepciones al marco normativo ni afectaciones al interés colectivo.
Afirmó que la legalidad constituye el eje de la actuación municipal y que el uso del espacio público no puede quedar sujeto a intereses particulares, mucho menos cuando se trata de zonas destinadas a la convivencia, movilidad segura y disfrute de la ciudadanía.
Ayala Villaseñor explicó que la obra en cuestión se ubica en un área catalogada como zona de restricción de construcción, conforme al lineamiento oficial emitido en 2016 por la Dirección de Desarrollo Urbano, el cual establece una franja de 30.3 metros destinada exclusivamente al uso peatonal, sin posibilidad de edificación.
Durante 2025 se detectaron trabajos de construcción sin contar con la licencia correspondiente, lo que derivó en la aplicación de clausuras administrativas por parte del Ayuntamiento. Posteriormente, se documentaron incumplimientos a dichas medidas, situación que dio paso a sanciones conforme a la normativa vigente.
Indicó que la parte promovente ha interpuesto recursos legales en el ámbito administrativo y federal, uno ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y otro mediante juicio de amparo presentado en diciembre de 2025.
Dentro del expediente municipal, un documento oficial fechado el 8 de septiembre de 2025 niega la viabilidad del uso solicitado para el inmueble por contravenir la normatividad urbana. Asimismo, la administración municipal impugnó ante la autoridad federal la autenticidad de un documento presentado por la parte promovente, presuntamente emitido en diciembre del mismo año.
El proceso jurídico, en curso ante instancias competentes, será resuelto con base en los elementos probatorios presentados por las partes, conforme a derecho.
El secretario técnico de Presidencia reiteró que el Gobierno de Acapulco no cederá ante presiones externas que busquen colocar intereses particulares por encima del orden urbano y del uso colectivo del espacio público, ya que su actuación se mantiene estrictamente sujeta a la legalidad.
Estas acciones forman parte de la política de ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos, con el fin de garantizar entornos accesibles, funcionales y de libre disfrute para la población y visitantes.