APRUEBA EL CONGRESO REFORMAS PARA GARANTIZAR A LAS Y LOS GUERRERENSES EL DERECHO A VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA

Chilpancingo, Gro., a 07 de junio 2022.- La LXIII Legislatura al Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Vivienda para garantizar el derecho a una vivienda digna y decorosa en favor de las y los guerrerenses.

Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Vivienda, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón destacó que la entidad tiene un déficit de más de 3 mil viviendas, de acuerdo con el censo del Inegi 2020, lo que hace necesario que se integre una política estatal en la materia, con acciones coordinadas que faciliten el acceso a una vida digna y decorosa.

Además, refirió que Guerrero es el segundo estado de la República en tener mayor porcentaje de hacinamiento en viviendas, con el 20 por ciento; es decir, que la mayoría de la población no cuenta con el espacio suficiente para vivir, aunado a que las viviendas tienen una gran deficiencia en cuanto a materiales de construcción y otros elementos básicos.

Refirió que esta problemática obliga a las autoridades estatales y municipales a crear programas que mejoren la calidad constructiva de las casas. “Es de vital importancia que la calidad en la construcción de casas se incluya dentro de la política estatal de vivienda, haciendo cumplir el acceso al disfrute de vivienda digna y decorosa en favor de las y los guerrerenses”, abundó.

Por eso, indicó que con estas reformas se pretende generar un marco de referencia para la creación de nuevos programas acordes a los lineamientos generales de la nueva política de vivienda, que establece siete ejes con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada, con la participación de los diferentes sectores públicos, privados y sociales, a través del rediseño del marco institucional y el desarrollo de esquemas financieros, cuyo enfoque planeado e integrado al territorio prioriza la atención al rezago habitacional y a la población históricamente discriminada.

También se establece la integración en la política estatal de vivienda de acciones coordinadas que faciliten el acceso a vivienda digna y decorosa, mediante esquemas que combatan el déficit de la misma y el porcentaje de población que vive en hacinamiento, así como revertir la deficiencia en la calidad de materiales de construcción.