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Buscan mayor certeza jurídica en procesos de Entrega-Recepción de las administraciones públicas

Chilpancingo, Gro., a 17 de noviembre del 2020.- Para contar con un nuevo ordenamiento que dé continuidad al trabajo y prestación de servicios a cargo de las administraciones municipal y estatal, mediante un proceso de entrega–recepción transparente, ordenado y completo, el diputado Jesús Villanueva Vega propuso abrogar la Ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero y crear la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios de Guerrero.

Al presentar dicha propuesta, el legislador de Morena expuso que luego de que se elige al gobernador y ayuntamientos, se lleva a cabo el proceso de entrega-recepción en que los servidores públicos salientes entregan un informe de gestión con los recursos materiales, financieros y humanos, así como detalles del presupuesto, programas, proyectos y obras públicas en proceso.

“La importancia de este acto radica en que ayuda a la continuidad del funcionamiento de la administración pública municipal, documenta la transmisión del patrimonio público y, sobre todo, brinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, por lo que se promueve la rendición de cuentas”, abundó.

Sin embargo, el legislador señaló que pesar de la importancia de este acto, en el 2018 se registró un número alto de inconsistencias en la entrega-recepción de la mayoría de los municipios, como dejar sin recursos las arcas, altas deudas, patrullas policiacas y camiones de basura inservibles, luminarias en mal estado, finanzas quebradas, entre otros; todo por la deficiencia de la actual Ley.

En ese sentido, consideró se carece de mecanismos que permitan un proceso transparente, legal, continuo y debidamente supervisado, ante lo cual propuso un nuevo ordenamiento que permitirá proveer a los órganos de administración pública de mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas por parte de los servidores públicos salientes, que dé certeza jurídica y patrimonial a la administración entrante.

Recalcó que es urgente proporcionar a las próximas administraciones una ley que identifique en forma clara y precisa a los destinatarios de la misma, así como sus obligaciones, plazos y requisitos que dentro del acto administrativo de entrega-recepción deberán observar los funcionarios públicos con motivo de su separación del empleo, cargo o comisión.

Además, refirió que con este nuevo ordenamiento se pretende asegurar la continuidad del trabajo y prestación de servicios, bajo una entrega–recepción transparente, ordenada y completa de los asuntos, archivos, programas, recursos y demás medios asignados para el cumplimiento de la función; esto a través del órgano superior de control del estado, como lo es la Auditoría Superior del Estado.