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Chilpancingo, Gro., 29 de marzo de 2024.- Con el objetivo de que el proceso electoral se desarrolle con igualdad y seguridad, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Gabriel Zamudio López y la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama, firmaron el convenio de Protocolo para la Atención de Solicitudes de Seguridad de las Candidaturas a Diputaciones Locales y Ayuntamientos del Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.
Dicho protocolo establece los mecanismos de actuación y prevención para atender solicitudes en materia de seguridad personal para las personas candidatas que, en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, realicen actos de campaña en su respectiva demarcación territorial, bajo un escenario de protección y establecimiento de medidas de seguridad que prevengan cualquier atentado contra su integridad, así como para las personas servidoras públicas del IEPC.
En su intervención, Anacleta López expuso que este protocolo es “una guía” con la que se busca proteger la vida y los bienes de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular cuando las circunstancias lo ameriten.
“La finalidad de todo esto es que el gobierno del estado se compromete a hacer los mejores esfuerzos para garantizar la seguridad a un candidato o candidata que lo requiera y no podemos sustraernos de la obligación que tenemos, para eso vamos a trabajar en conjunto, vamos a sumar esfuerzos, estamos en la mejor disposición de hacerlo”, expuso.
De acuerdo con el Protocolo, el IEPC será el medio de comunicación y gestión ante las autoridades competentes en materia de seguridad, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, analicen y atiendan los requerimientos formulados por los actores políticos en el desarrollo de sus campañas electorales, e implementen las medidas que consideren necesarias y aplicables en términos de su marco regulatorio correspondiente.
El documento firmado por los representantes de las tres instituciones contiene las directrices del procedimiento que deben desarrollar tanto candidatas, candidatos, partidos políticos y el Instituto Electoral, para la recepción, trámite y canalización de las solicitudes de protección o seguridad que se presenten, así como el seguimiento que dará el Consejo General del IEPC para remitir oportunamente las solicitudes presentadas ante las autoridades estatales competentes.