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Chilpancingo, Gro., 17 de mayo de 2026. — Para que los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los Organismos Públicos Autónomos tengan la obligación de comparecer ante el Congreso, el diputado Alejandro Carabias Icaza propone adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.
Esto, con el fin de garantizar la vigilancia y transparencia en el uso de los recursos públicos, al ser indispensable explicar, justificar y transparentar el actuar de las instituciones frente a la ciudadanía.
Recordó que, en las últimas décadas, México ha transitado hacia un modelo institucional más robusto en materia de transparencia, fiscalización y combate a la corrupción, y que la creación de los sistemas nacionales y estatales en estas materias se fundamenta en el imperativo constitucional de que ninguna autoridad, bajo ninguna figura, permanezca exenta del escrutinio público.
“En este proceso, los organismos constitucionales autónomos han desempeñado un papel fundamental en la vida pública del país. Su diseño responde a la necesidad de contar con instituciones técnicas, imparciales e independientes en áreas estratégicas. Sin embargo, su autonomía no puede ni debe interpretarse como ausencia de control. Por el contrario, la autonomía implica una responsabilidad reforzada frente a la sociedad”, dijo.
Manifestó que la Constitución establece que cada organismo con autonomía que ejerza recursos del presupuesto del estado contará con un órgano interno de control, que actuará, en el ámbito de su competencia, como autoridad garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. Por ello, se convierten en piezas clave, al ser los encargados de vigilar el correcto funcionamiento de las instituciones, prevenir irregularidades y sancionar conductas indebidas.
Por ello, propuso adicionar la Sección Tercera al Capítulo Segundo del Título Tercero, y el Artículo 116 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para establecer la obligación de los titulares de los OIC de los organismos autónomos, al mismo nivel de responsabilidad que ya ostenta el del Congreso, de rendir informes y comparecer ante el Pleno.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis.
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