Plantean instituir el Parlamento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Guerrero
Chilpancingo, Gro., 30 de agosto de 2026.- Con el fin de fortalecer la participación directa de los pueblos originarios en los asuntos públicos, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa para instituir el Parlamento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado, cada mes de agosto a partir del año 2027.
En su exposición de motivos, el diputado por Morena planteó dotar a este ejercicio parlamentario de certeza jurídica, continuidad y un marco normativo que garantice la representación plural de 46 parlamentarios, quienes podrán expresar sus necesidades, propuestas y planteamientos que contribuyan a la construcción de políticas públicas y reformas legislativas relacionadas con sus derechos y condiciones de vida.
Destacó la importancia de legalizar la celebración de este parlamento para que no dependa de la voluntad o de las decisiones administrativas de cada periodo legislativo, y se convierta en un ejercicio institucional con periodicidad, reglas claras y continuidad.
Además, dijo, se debe garantizar que las conclusiones y propuestas recabadas en la actividad sean remitidas a la Mesa Directiva y comisiones ordinarias competentes del Congreso del Estado para su conocimiento, atención y seguimiento legislativo.
Sánchez plantea que este ejercicio se integre por 46 parlamentarias y parlamentarios, garantizando una representación plural y equilibrada de las distintas regiones, electos bajo los principios de libre determinación, interculturalidad, igualdad sustantiva, paridad de género, inclusión, accesibilidad y no discriminación.
“Es importante fortalecer los mecanismos de participación y representación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo su diversidad cultural, sus formas de organización y sus derechos, además de generar condiciones para que sus planteamientos sean escuchados y considerados en la agenda legislativa estatal”, enfatizó.
Dicha propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, para su correspondiente análisis y emisión del dictamen.