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Chilpancingo, Gro., 13 de marzo de 2026. – Con el objetivo de garantizar la ejecución efectiva de sentencias laborales, la diputada Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa para reformar la Ley Número 248 de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados.
En sesión ordinaria, la legisladora explicó que la propuesta busca establecer sanciones directas para los titulares de dependencias y ayuntamientos que incumplan resoluciones judiciales. Asimismo, plantea la obligación de que las instituciones públicas integren en sus presupuestos una partida específica para el pago de laudos firmes, evitando que la supuesta falta de recursos se utilice como pretexto para evadir obligaciones.
Vélez Núñez señaló que esta reforma atiende una problemática histórica que afecta a numerosos trabajadores quienes, a pesar de obtener laudos favorables, permanecen a la espera de justicia. “Muchas sentencias se quedan en el ámbito formal sin efectos reales, lo que debilita el derecho al trabajo digno y la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, enfatizó.
El proyecto establece la responsabilidad personal de los titulares cuando exista incumplimiento en la ejecución de sentencias. De esta manera, las multas correspondientes deberán cubrirse con su patrimonio personal y no con recursos públicos; además, el desacato reiterado será catalogado como falta administrativa grave, vinculándose a los mecanismos de control y fiscalización del servicio público.
Finalmente, la iniciativa propone que todas las entidades públicas reserven al menos el 1.5 por ciento de su presupuesto anual para el cumplimiento de laudos firmes —salvo que no existan obligaciones pendientes—, con el fin de fortalecer la disciplina fiscal, prevenir el crecimiento de adeudos por intereses moratorios y garantizar el respeto a los derechos de las y los trabajadores.
El documento fue turnado a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo para su análisis y dictaminación.
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