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Chilpancingo, Gro., 24 de mayo de 2026. — El diputado Carlos Eduardo Bello Solano propuso una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, la cual tiene como propósito armonizar el marco jurídico estatal con las recientes reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica y garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Esta propuesta surge, explicó el legislador, a partir de la reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024 y de la modificación a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de simplificación orgánica, mediante la cual se extinguió el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro).
Por lo tanto, se plantea trasladar las atribuciones en materia de transparencia y protección de datos personales a diversas autoridades garantes; entre ellas, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para el caso del Poder Ejecutivo y los municipios, así como a los órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los organismos constitucionales autónomos.
El legislador expuso que este nuevo ordenamiento se conforma por ocho títulos, divididos en 23 capítulos y 136 artículos, en los que se establecen principios, bases generales y procedimientos para garantizar el acceso a la información pública, además de definir las competencias de las autoridades garantes locales.
Asimismo, se incorporan disposiciones relacionadas con datos abiertos, formatos accesibles, transparencia con sentido social, innovación tecnológica, igualdad sustantiva y accesibilidad para grupos de atención prioritaria, incluyendo medidas para que los procedimientos puedan realizarse en lenguas indígenas y formatos accesibles para personas con discapacidad.
La iniciativa también establece mecanismos de vigilancia y sanción para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que contempla multas, procedimientos de denuncia y responsabilidades administrativas para los sujetos obligados que incumplan con la publicación y entrega de información pública.
Finalmente, prevé un proceso de transferencia de expedientes, archivos y procedimientos del extinto órgano garante hacia las nuevas autoridades competentes, así como la integración de un Comité de Transferencia para coordinar la entrega-recepción y asegurar la continuidad institucional en materia de acceso a la información y protección de datos personales.