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Chilpancingo, Gro., 26 de octubre de 2025.- La Comisión de Justicia analiza una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que el Ministerio Público esté obligado a preguntar y garantizar, desde la apertura de la carpeta de investigación, la asistencia de un intérprete o traductor certificado en lenguas indígenas, que brinde apoyo a víctimas, ofendidos o testigos indígenas para asegurar su comprensión plena de los actos procesales.
Al presentar la propuesta, la diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas, explicó que la adición al artículo 12 Bis a la Ley mencionada establece la obligación de documentar la solicitud de intérpretes y defensores y que estos cuenten con perfil académico y certificación vigente del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para garantizar su competencia profesional y evitar que las personas indígenas víctimas u ofendidas sigan enfrentando barreras lingüísticas y culturales que limitan su derecho al acceso pleno a la justicia.
Recordó que la Constitución Federal, la Ley General de Derechos Lingüísticos y diversos Tratados Internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho de los pueblos originarios a contar con intérpretes en su lengua y cultura durante todo el proceso judicial.
Agregó que, aunque la legislación estatal actual reconoce este derecho para personas detenidas, no obliga a la autoridad ministerial a garantizarlo desde el inicio de la investigación por lo que es importante armonizar la norma local con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el respeto a los derechos lingüísticos.
Precisó que Guerrero es una entidad con amplia diversidad cultural y lingüística, y que la población indígena, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, enfrenta altos índices de violencia, discriminación y falta de acceso a servicios de justicia, muestra de ello es que entre 2020 y 2025 más del 50 por ciento de las víctimas de feminicidio en la región de la Montaña pertenecen a pueblos originarios, lo que pone en evidencia la urgencia de garantizar procesos judiciales incluyentes y con enfoque intercultural.
Por ello, enfatizó que esta iniciativa representa un paso firme hacia una justicia más accesible, igualitaria y respetuosa de los derechos de los pueblos originarios, asegurando que toda persona indígena comprendida en un proceso penal pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, sin barreras lingüísticas ni culturales.
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