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Chilpancingo, Gro., 19 de agosto de 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero, a través de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, realizó este miércoles el panel “De la Reforma Constitucional a la Ley General de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
Dicho evento se desarrolló en coordinación con el Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), con el propósito de analizar los alcances de la reforma constitucional de 2024, los retos para su implementación y la construcción de una Ley General que permita hacer efectivos los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y afromexicano.
En su mensaje de bienvenida, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, destacó que la reforma al artículo 2º constitucional representa un avance histórico en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, y convocó a las comunidades a participar activamente en los foros, asambleas y espacios de consulta para que la nueva legislación se construya con los pueblos, desde los pueblos y para los pueblos.
En su oportunidad, el diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, refrendó el compromiso del Congreso del Estado de continuar trabajando para que los derechos reconocidos a los pueblos indígenas y afromexicano se traduzcan en mejores condiciones de vida y contribuyan a atender la deuda histórica de desigualdad, discriminación y marginación que han enfrentado.
Por su parte, el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, señaló que la reforma constitucional plantea una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y afromexicano, al pasar de una política para los pueblos a una política con los pueblos, y que el reto, agregó, es traducir los derechos reconocidos en leyes, instituciones, presupuestos y resultados concretos.
Asimismo, la diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, destacó la importancia de reconocer y dignificar la medicina y la partería tradicionales como parte de los conocimientos ancestrales, la identidad y la vida comunitaria de los pueblos.
De la misma forma, señaló que la consulta debe ser un espacio de diálogo y participación que permita escuchar las necesidades y propuestas de las comunidades.
Participó también el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, señalando que Guerrero vive una etapa de transformación institucional a partir del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Destacó igualmente que este nuevo marco jurídico fortalece derechos como la libre determinación, la autonomía y la participación política, y plantea la necesidad de armonizar la legislación estatal para hacerlos efectivos.
Por su parte, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y Luis Enrique Cordero Aguilar, representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidieron en que la construcción de la Ley General representa una oportunidad histórica para hacer efectivos los derechos reconocidos constitucionalmente, y destacaron la importancia de incorporar las experiencias, conocimientos, opiniones y propuestas de los pueblos y comunidades, mediante el proceso de consulta.
Fungieron como panelistas Adelfo Regino Montes, la diputada Catalina Apolinar Santiago, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, Luis Enrique Cordero Aguilar y Tarsila Molina Guzmán, presidenta municipal de San Nicolás. Como moderador participó Marcos Matías Alonso.
Al evento asistieron también las diputadas Glafira Meraza Prudente, Aracely Ocampo Manzanares, Marisol Bazán Fernández y Gladys Cortés Genchi, así como los diputados Héctor Suárez Basurto, Carlos Eduardo Bello Solano y Edgar Ventura de la Cruz; presidentas y presidentes municipales, autoridades comunitarias y defensores de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, entre otras personalidades.